Publicado en Revista Realidad el 1 de noviembre de 2020
La democracia, como un sistema imperfecto pero el único posible de garantizar la libertad del ser humano, permite llegar a acuerdos sobre la base de los disensos, el debate y el respeto al individuo y a las leyes. En ella, convergen diferentes ideologías, corrientes de pensamientos, preferencias y métodos, todos respetables y todos posibles, pero el centro de todo eso y lo que, sin lugar a dudas debe unir a cualquier demócrata en el mundo, son los derechos humanos.
Cuando a una persona, grupo o población entera se les viola sus derechos humanos, las únicas acciones posibles son el repudio y la denuncia constante hasta que cambie esa realidad y hasta que paguen quienes cometieron los crímenes. Relativizar o mirar hacia un lado, significaría darle un apoyo inmerecido al victimario y abandonar a las víctimas.
Por supuesto que, como venezolana, quiero llevar este punto hacia la situación actual de mi país. Porque incluso hoy, después de más casi 20.000 asesinatos extrajudiciales, dos informes elaborados por la Alta Comisionada Michelle Bachelet y un informe desgarrador, hecho por una Misión Independiente de la ONU, más cientos de datos proporcionados por organismos como Human Rights Watch, Provea y Amnistía Internacional, hay quienes dicen tener dudas, tanto de lo que sucede realmente, como de la naturaleza criminal de quienes usurpan el poder y accionan las armas de la república contra sus ciudadanos.
Venezuela hoy enfrenta una dictadura que tortura, reprime, desaparece, persigue y asesina. Si todos los documentos ya mencionados no son suficientes para creerlo, el testimonio de los más de cinco millones de venezolanos que han huido, podría bastar, porque nadie que no esté desesperado, caminaría desde Caracas hasta Lima, Quito, Santiago o Buenos Aires, dejando a su familia atrás, esperando volver a verlos algún día.
Debería ser un perogrullo decir que todas esas situaciones descritas anteriormente constituyen violaciones flagrantes a los derechos humanos no de los venezolanos simplemente, sino contra la humanidad entera, pues cuando el 35% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición severa, la pensión de los adultos mayores es menor a 1 dólar al mes, el 73% de los hogares venezolanos no tienen para comer tres o incluso dos veces al día y el 96% de ellos no reciben agua por tubería de forma continua, y quienes en teoría deberían atender esos casos, asesinan a quienes protestan por esa realidad, la violación a los derechos humanos se convierte en una política de Estado, orientada a simplemente mantener el poder a costa de la vida de los ciudadanos.
Es claro quiénes son los únicos culpables de tantas aberraciones. Han tenido el poder –y la mayor cantidad de ingresos económicos de la historia de Venezuela– durante más de 20 años ininterrumpidos, de los cuales los últimos seis, están descritos en el Informe elaborado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela.
En ese documento, resaltan tres nombres que a los venezolanos nos recordarán, para siempre, esta etapa oscura y dolorosa: El dictador, Nicolás Maduro, y sus “ministros” (de Defensa) Vladimir Padrino López y (de Interior) Néstor Luis Reverol Torres. Ellos, junto con el resto de sus cadenas de mando, son culpables de miles de vidas apagadas con pólvora y golpes, de un caudal aterrorizante de gente huyendo por las fronteras venezolanas, y de familias que han visto a sus hijos, padres y hermanos tras las rejas, siendo inocentes.
Todos sabemos que en este preciso momento hay un venezolano siendo torturado en las mazmorras del chavismo, por eso debemos repudiar, denunciar y actuar. Es ahora, no después, porque la justicia tardía degenera el sentido de la justicia misma. Es ahora, porque un demócrata no puede jamás, anteponer la ideología o las alianzas, a la vida, la libertad, la democracia y al respeto irrefutable a los derechos humanos.
