Que siga la Misión hasta que haya justicia en Venezuela

30 Sep 2022 | Publicación

Publicado en Clarín el 30 de septiembre de 2022

Si hablar de violaciones a los derechos humanos es de una gravedad enorme, hacerlo de crímenes de lesa humanidad lo es todavía más, ya que los primeros pueden darse de forma aislada y ser investigados dentro de la justicia del país, logrando sanciones a los victimarios y reparación a las víctimas, mientras que los segundos consisten en un ataque generalizado y sistemático contra una población, como parte de un plan de un Estado o de una organización, por lo cual la posibilidad de lograr justicia dentro del lugar donde ocurre es poco probable mientras continúen en el poder quienes ejecutan esos crímenes.

En Venezuela la violación de los derechos humanos es una política de Estado. Tal vez, de hecho, es la única política que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han creado y sostenido con “eficacia” durante dos décadas. La cifra real de las personas que han perdido la vida producto de estas atrocidades es prácticamente imposible de conocer, y quienes han sido víctimas, mucho menos. Lo cierto es que han sido cientos de miles.

Las denuncias sobre todas estas situaciones comenzaron hace muchos años, y las hicimos en diferentes espacios y en diferentes momentos. Sí, el silencio durante mucho tiempo fue duro y también doloroso, porque la situación siempre evolucionó para peor. Hubo un momento específico en el que ese silencio atronador al menos pasó a ser murmullos, y fue cuando la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en ese momento y hasta hace poco dirigida por Michelle Bachelet, presentó un informe (2019) que dejó desnudo al aparato represivo y despiadado que existía en Venezuela.

Hubo Gobiernos e incluso asociaciones que hasta el 2019 poco y nada decían sobre Venezuela, pero ese informe los hizo, al menos, voltear a ver hacia un país donde en el 2014 asesinaron a más de 60 personas en protestas y en el 2017 a más de 150. Eso, sin contar con atrocidades como las ocurridas contra el concejal Fernando Albán o el capitán Rafael Acosta Arévalo, ambos torturados hasta la muerte.

Al año siguiente, en el 2020, llegó otro informe, esta vez uno lapidario por su contundencia, por su amplitud, por sus detalles minuciosos y por la definición que incluyó: crímenes de lesa humanidad. La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, establecida mediante la resolución 42/25 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (cuyo mandato fue prorrogado por dos años más el 6 de octubre de 2020) ha significado un antes y un después para las víctimas de la dictadura venezolana, pero también para cada demócrata, para cada persona que aprecie la justicia y que crea en la defensa de los derechos humanos como un valor incuestionable.

Esa Misión presentó recientemente su tercer informe, uno que describe en 123 páginas los crímenes cometidos especialmente por dos grupos de tarea del régimen (el SEBIN y la DGCIM), la cadena de mando que incluye a los más altos jerarcas del chavismo, y la dramática situación que ocurre en este preciso momento en el denominado “Arco Minero del Orinoco”, en la Amazonía venezolana donde se han unido los grupos de “seguridad” del Estado y grupos criminales para cometer el mayor ecocidio de este continente en la búsqueda ilegal de oro, lo que ha significado para los pueblos indígenas de la zona cualquier cantidad de calamidades: latigazos y golpizas públicas; desapariciones; ejecuciones y extrajudiciales y descuartizamientos; explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través de la prostitución; y un doloroso largo etcétera.

DGCIM Y SEBIN

Ha sido tanto tiempo y tantos crímenes, que son muchos los grupos de tarea del régimen chavista retratados en decenas de informes. Desde el 2016 (año de su creación), fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) las que sirvieron al régimen como mayor grupo represor. En el informe de la alta comisionada Bachelet, en el de la propia Misión Independiente de la ONU (2020) y en el de organizaciones como Human Rights Watch y PROVEA, se identificaron miles y miles de ejecuciones extrajudiciales a manos de este grupo asesino. Pero, como la monstruosidad en dictaduras se diversifica, el tercer informe presentado por la Misión el pasado 20 de septiembre, profundiza en el accionar de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Ambas (DGCIM y SEBIN) cometieron torturas; violencia sexual y de género; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; denegación de tratamiento médico, privación de alimentos y agua, y alimentación forzada de heces y vómitos a presos políticos; amenazas de muerte y de violación hacia la víctima y a sus familiares; períodos prolongados de aislamiento y confinamiento solitario; administración de drogas supuestamente para obtener confesiones; descargas eléctricas en los genitales… la picana eléctrica de la dictadura venezolana.

Varios de esos actos, como advirtió la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en su presentación inicial, y como lo indica el propio informe, son considerados crímenes de lesa humanidad.

En el caso específico de la DGCIM, la misión documentó 122 casos de personas sometidas a torturas, violencia sexual y otros actos crueles e inhumanos. Todos estos crímenes cometidos en distintos centros de detención, unos más conocidos y otros no tanto, porque hay calabozos que tienen nombres y otros que son clandestinos.

El Helicoide: La «ESMA» de Venezuela

Uno de los que tiene nombre, que ya está directamente asociado al dolor y al horror, es el El Helicoide, a cargo del SEBIN. En este centro de tortura donde llevan a aquellos que se oponen a la dictadura siendo inocentes, tal y como ha documentado la Misión Independiente, los martirizan con posiciones de tensión denominadas la «crucifixión» (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y «el pulpo» (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; estar encadenado durante largos períodos de tiempo, etc.

Recientemente tuve la oportunidad de conversar, justamente, con uno de tantos jóvenes venezolanos que fue vejado en El Helicoide. Víctor Navarro estuvo cinco meses en ese lugar del terror por el solo hecho de hacer labor social en el país, no hubo más explicaciones que esa. Fue el capricho del poder para “reprender” a alguien, y pagaron varios, él entre ellos. Lo que cuenta sobre su tiempo en ese lugar, paraliza. Duele.

Eso que vivió allí, también lo contó a la periodista Carolina Amoroso en el programa que hace todos los sábados en el canal Todo Noticias, y el título que pusieron no pudo ser más claro: La «ESMA» de Venezuela. Y es que eso ha sido El Helicoide para los venezolanos.

La cadena de mando, Maduro a la cabeza

El punto clave de este tercer informe es la cadena de mando, pues precisamente por ella es que no se trata simplemente de violaciones a los derechos humanos cometidas aisladamente por funcionarios de bajos rangos. No. Como ya hemos mencionado, es una política de Estado, y así lo describe el propio informe:

“Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el Presidente tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al Director General y a los Directores de otras unidades del SEBIN. La Misión también constató que el o la Vicepresidente conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió.  La Misión también constató que Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización.  En relación con las violaciones cometidas en la DGCIM, la Misión encontró motivos razonables para creer que el Presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos”.

Tanto la DGCIM como el SEBIN tienen un director que reporta directamente a Nicolás Maduro y, como ha quedado claro, ambos grupos de tarea han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque si algo evidencian estas 123 páginas de informe, al igual que las más de 100 del segundo y las más de 400 del primero, es que no son hechos que pasaron, sino que siguen vivos, que ahora mismo, mientras usted lee estas líneas alguien en Venezuela está siendo sometido a tortura, o siendo amenazado de violación, o perseguido. La dictadura y sus crímenes no descansan.

Lo documentado por Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, ha sido un trabajo exhaustivo y riguroso que ha puesto el acento en el lugar que debe tenerlo: en las víctimas, sus familiares, sus abogados e incluso en victimarios que han decidido, por diferentes motivos, contar la verdad de lo que han hecho y lo que hacen. Se trata de tres documentos elaborados de acuerdo con las exigencias del Estatuto de Roma, y con contundencia suficiente para que el resultado no sea otro que exigir justicia, reparación y nunca más repetición.

Las conclusiones de estos informes muy probablemente serán tomadas en cuenta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que justamente desde finales de 2021 investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad y tiene el mandato de juzgar a los más altos responsables. Y será desde La Haya, porque en Venezuela hoy no existe justicia, ni existirá hasta que haya democracia.

Es precisamente por eso que la continuidad de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, debe darse con la votación de cada democracia perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos Argentina. Una Argentina que tiene la memoria fresca de lo que significa investigar, denunciar y juzgar a quienes durante la dictadura cometieron tantos crímenes, con ese valiente Juicio a las Juntas que hoy, casualmente, se puede ver en los cines del país con esas maravillosas interpretaciones de Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Se debe investigar todo, y hasta que deje de ocurrir. Debe haber justicia, porque cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, nada es casual.

¡Nunca más!

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