Publicado en la Revista Realidad el 2 de mayo
Durante los últimos días la frase “la banalidad del mal” ha retumbado en mi cabeza. Si bien el término, establecido en el debate colectivo sobre derechos humanos por la filósofa y teórica política alemana de origen judío Hannah Arendt, tiene una connotación muy particular, a lo largo de los siguientes 60 años luego de ella haberlo desarrollado, muchos lo han tomado para referirse a aquellas actitudes que minimizan o deliberadamente ignoran hechos atroces y criminales.
Recordé esta frase, debido a que el pasado lunes 18 de abril el presidente argentino Alberto Fernández aseguró que muchos problemas en Venezuela «se han ido disipando», y que el país «ha ido avanzando». No solo se trata de una aseveración absolutamente alejada de la realidad, sino también un golpe certero al duelo de millones de venezolanos que han sufrido y siguen sufriendo los embates de una dictadura como la de Nicolás Maduro.
Hoy Venezuela sigue padeciendo una terrible Emergencia Humanitaria Compleja. Esa palabra, “Compleja”, está ahí porque la catástrofe humanitaria venezolana no ocurrió por una guerra o un desastre natural, sino por decisión de quienes hoy usurpan el poder. Los males de los venezolanos, desde hace dos dolorosas décadas, son todos planificados. Es un sistema que se nutre y se mantiene producto del dolor, la miseria, la pobreza y la separación de las familias.
Ese sistema construido por Hugo Chávez y profundizado por Nicolás Maduro, tiene hoy a 7,8 millones de venezolanos subalimentados, y a dos de cada diez niños/as sufriendo de desnutrición severa. Es por ello que más de seis millones de compatriotas han tenido que huir del país, y siguen huyendo en un promedio de 5.000 personas por día. Debe saberlo el presidente Alberto Fernández, porque casi 200 mil de ellos viven y siguen llegando a la Argentina.
No es coherente hablar de “avances” si desde el 2017 al menos 68 niños/as han fallecido en el Hospital J.M. De Los Ríos (dedicado a los menores de edad del país), porque la dictadura a la que el Gobierno argentino ha decidido estrecharle lazos diplomáticos, decidió sin ningún argumento lógico que así fuese.
Pero, además de la decisión política de destrozar a una población con hambre, falta de medicinas, hospitales destruidos y familias separadas, la dictadura de Nicolás Maduro, ilegítima e ilegal, ha cometido crímenes de lesa humanidad. No es una exageración ni un título al azar, no. En Venezuela se han cometido, al menos desde hace cinco años, crímenes de lesa humanidad.
El principal grupo de tarea de la dictadura, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), desde su creación en el año 2016 hasta la fecha, ha cometido 19.000 ejecuciones extrajudiciales. Sumemos a eso la persecución, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos de las protestas más grandes de Venezuela en muchos años: 2014, 2017 y 2019; asesinatos investigados ahora mismo por la Corte Penal Internacional.
El informe de “Lupa Por La Vida” hecho por las ONG encargadas de derechos humanos Provea y Centro Gumillas, documentó que durante el año 2021 (no hace cinco, seis o siete año, no, el año pasado) se cometieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Estamos hablando de casi cuatro ejecuciones extrajudiciales por día.
Actualmente hay más de 250 presos políticos en el país, quienes son torturados diariamente. De ellos, más de 40 tienen una condición de salud delicada, lo cual es una pesadilla para sus familiares, que recuerdan diariamente que durante el régimen de Maduro, más de diez inocentes han muerto por torturas o falta de atención médica en los calabozos de la dictadura.
Todos los datos hasta aquí reseñados están perfectamente descritos y comprobados por organizaciones como Human Rights Watch, Cruz Roja y Amnistía Internacional, así como por organismos internacionales como UNICEF, FAO, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Michelle Bachelet) y la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela. Esta última presentó una nueva actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo del año pasado. Consejo que preside Argentina, precisamente. En ella quedan claro dos cosas: 1. En Venezuela el poder lo ocupan criminales de lesa humanidad, y 2. Existe un estado generalizado de impunidad.
Venezuela, por tanto, ni ha avanzado hacia una situación positiva, ni mucho menos ha visto “disipar” sus problemas humanitarios, políticos, económicos, sociales y fundamentalmente de derechos humanos. Asegurar tal cosa, cuando la realidad es aplastante, significa banalizar el mal provocado por quienes mantienen el poder por la fuerza, usando las armas de la República contra un pueblo que, cansado y golpeado, no deja de luchar por su libertad.
Los venezolanos y venezolanas tenemos el mismo derecho que cualquier país democrático a elegir nuestros gobernantes en elecciones reales; a protestar cuando las cosas vayan mal sin que los grupos de tarea nos asesinen; a no tener como única solución huir de nuestra tierra; a ser libres, al fin y al cabo. Banalizar o restarle importancia a nuestra tragedia significa ser cómplice de un criminal de lesa humanidad, que es uno de los rostros principales de la época más oscura de nuestra historia.
La ideología jamás debe estar por encima de la vida y los derechos humanos. En la historia han sido muchos los crímenes ignorados que han costado caro a la humanidad y de los cuales hoy solo hay lamentos por no haber actuado a tiempo. No podemos permitir que a Venezuela le ocurra algo similar.
