Publicado en Infobae el 1 de octubre de 2020
El mundo entero sabe que Venezuela hoy enfrenta una dictadura que persigue, reprime, amenaza, tortura y asesina. Los informes presentados en 2019 y 2020 por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, así lo confirman.
En el informe de 2019 se recogen los testimonios de víctimas y familiares de perseguidos venezolanos; una descarnada descripción de lo sufrido por mujeres y hombres estudiantes, trabajadores, civiles, dirigentes políticos y militares, que cayeron en las garras de los esbirros al servicio de Maduro, quienes han cometido torturas y tratos inhumanos como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones. Tratos inhumanos que ya habían sido denunciados por organismos de derechos humanos tanto venezolanos como de internacionales. También se recogen las miles de ejecuciones extrajudiciales, especialmente en zonas populares, perpetradas arbitrariamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
En ese informe se reseñan, también, algunos testimonios de las penurias socioeconómicas, la desnutrición y falta de atención médica que ha conducido a más de cinco millones de venezolanos a atravesar las fronteras por distintos medios y hasta a pie, huyendo del hambre y las enfermedades.
El informe presentado posteriormente por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, confirma y amplía las denuncias hechas por la Alta Comisionada; adicionalmente los califica como crímenes de lesa humanidad, al constituir una reiterada política de Estado, responsabilizando directamente a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López y de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Ellos junto a sus cadenas de mando, fueron señalados como los responsables de vidas apagadas con pólvora y golpes y de mantener tras las rejas a centenares de inocentes que torturan con frecuencia.
Esas historias de las mutilaciones sexuales, agresiones, violaciones y amenazas a las que tantas víctimas directas o familiares de los secuestrados han tenido que vivir, han sido plasmadas en 443 páginas del informe presentado por la Misión Independiente, así como en los dos informes elaborados por la Alta Comisionada Bachelet. Algunas víctimas que han contado su historia y mostrado las huellas de las torturas en su cuerpo, hoy son perseguidos y amenazados.
Casos como el del capitán Rafael Acosta Arévalo, a quien la dictadura torturó hasta asesinarlo, como el de Fernando Albán, un servidor público que dedicó su vida a ayudar a quienes más lo necesitaban, y encontró la muerte luego de ser terriblemente golpeado y lanzado desde el piso 10 de uno de los edificios donde la dictadura secuestra y tortura, son pueden leer con exactos detalles, pero también se encuentran plasmados en ese documento, lo sucedido con cientos de jóvenes que perdieron la vida o fueron gravemente heridos a quemarropa por armas de fuego o perdigones en protestas políticas o reivindicativas, por la carencia de servicios básicos.
Ellos, así como los más de 400 presos políticos, los miles de ciudadanos asesinados en ejecuciones extrajudiciales, los niños que sufren de desnutrición y los adultos mayores que no consiguen sus medicinas, son víctimas que han encontrado la posibilidad de difundir la tragedia que han vivido, y esos testimonios no se pueden poner en “perspectiva” ni mucho menos justificar.
Por más que la dictadura de Maduro ha intentado desmentir el contenido de estos informes, es una terrible realidad que no puede ocultarse, banalizarse ni relativizarse.
La defensa de los derechos humanos tiene rango supranacional. Es deber de todo ciudadano, y mucho más de todo gobernante o funcionario de gobierno democrático, condenar su violación y no ser indolente al sufrimiento, mucho más cuando alcanza la flagrancia demostrada en el caso de la dictadura venezolana.
En un deber presente y futuro condenar todas estas situaciones, para evitar que se repitan prácticas que se creían superadas en el subcontinente latinoamericano con el fin de las dictaduras del Cono Sur y de Centroamérica, y que hoy lamentablemente están sucediendo en Venezuela.
El lema universal debe ser: nunca más.
